El político y activista acudió a la sede de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, este jueves para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que se abra una investigación y ordene las diligencias necesarias, por posibles violaciones a los derechos humanos.
«Hemos solicitado la atracción de la FGR en una formal denuncia por la probable comisión de delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, detención arbitraria, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, omisión del servicio público, corrupción, peculado y lo que resulte en contra de policías, servidores públicos del gobierno de Jalisco encabezados por el gobernador Pablo Lemus Navarro y directivos de la empresa de SIAPA», comentó.
«Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara sufren de forma sistemática un deficiente e insalubre servicio de agua potable provisto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado», indicó.
Dicha situación, dijo, dio como origen la manifestación del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en la cual fueron detenidas 39 personas por agentes de la policía estatal y fuerzas antimotines que, consideró, actuaron de forma desproporcionada empleando gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.
«Que se investigue el uso de la fuerza policial y se esclarezcan las detenciones y las presuntas agresiones que vivieron 39 personas muchas de ellas ya liberadas y si es que ya salieron del penal de Puente Grande, por lo cual hemos solicitado a esta dependencia federal que se ha haga una investigación sobre los daños colaterales que pueden ser psicológicos o daños físicos», exigió.
