Tomado de: Debate
Lo que comenzó como una revelación sobre la nómina del Instituto Nacional Electoral (INE) se transformó esta semana en un escándalo de alcance nacional. La difusión de registros oficiales que vinculan a Jonathan Navarrete Torres, chofer personal de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, como supuesto apoderado legal de una empresa proveedora del organismo investigada por presuntas irregularidades, colocó al árbitro electoral en el centro del debate público.
De acuerdo con las investigaciones documentadas, el 28 de junio de 2023 Navarrete Torres habría recibido un poder general para pleitos y cobranzas por parte de la empresa Corporativo Zeg.
Esta facultad legal le permitía actuar en representación de la firma ante autoridades federales, estatales y municipales.
Casi dos años después, el 15 de abril de 2025, el trabajador fue contratado en el INE para trasladar a la presidenta del instituto, percibiendo un sueldo mensual de 45 mil 765 pesos.
Sin embargo, en su declaración patrimonial presentada el 30 de junio de 2026, Navarrete omitió su vínculo con la compañía proveedora y únicamente reportó un empleo previo en la iniciativa privada.
Bajo la lupa
El caso cobra mayor gravedad debido al historial de la proveedora.
Corporativo Zeg, junto con la firma Cajas Graf, ha concentrado importantes contratos para la elaboración de materiales electorales de alta seguridad.
Ambas empresas han sido objeto de indagatorias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntos nexos con el crimen organizado, además de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuestas prácticas ilícitas y un expediente abierto en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por posibles prácticas monopólicas.
Ambas firmas ingresaron al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, apenas dos meses después de que Taddei asumiera la jefatura del organismo.
La exigencia
La controversia escaló esta semana hasta la conferencia matutina de Palacio Nacional.
Ante los cuestionamientos sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió abiertamente que el órgano electoral transparente sus procedimientos de contratación.
Sheinbaum dijo:
“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”.
Asimismo, Sheinbaum subrayó que la autonomía del instituto no lo exime del escrutinio público, recordando que la Auditoría Superior de la Federación cuenta con las atribuciones para auditar al INE al tratarse del ejercicio de recursos públicos.
Un entramado de contrataciones
El señalamiento sobre el chofer no es un hecho aislado, sino la punta de un entramado administrativo más amplio:
Representación legal compartida: Jesús Octavio García González, también se desempeñó como representante legal de Corporativo Zeg en 2023 antes de asumir la Dirección de Administración del INE bajo la gestión de Taddei, cargo que ocupó hasta abril de 2026.
Contratos locales y ascensos nacionales: Exservidoras públicas de los institutos electorales de Oaxaca y Chihuahua que otorgaron contratos por 32 millones y 33.9 millones de pesos a Zeg y Cajas Graf, respectivamente, fueron posteriormente nombradas en la Unidad de Género y en la Secretaría Ejecutiva del INE nacional.
Uso de vehículos externos: Se ha cuestionado la utilización por parte de la presidencia del INE de una camioneta blindada BMW no perteneciente al parque vehicular oficial, respecto a la cual no se aclaró si existía alguna relación con las empresas proveedoras señaladas.
El caso continúa generando reacciones en el ámbito político, donde diversos sectores exigen una investigación a fondo para deslindar responsabilidades y garantizar la integridad en el uso de los recursos del órgano electoral.
