La cifra pone de manifiesto una aceleración en el ritmo de las revocaciones de visados en las últimas semanas.
En un comunicado publicado el 10 de agosto, el Departamento de Estado había cifrado en más de 175.000 el número de revocaciones de visados desde que comenzó el actual mandato de Trump en enero de 2025.
Trump afirma que su campaña de represión contra la inmigración y las deportaciones tiene como objetivo mejorar la seguridad nacional. Defensores de los derechos humanos sostienen que la campaña ha violado el derecho al debido proceso y a la libertad de expresión, y ha creado un entorno inseguro, especialmente para las minorías étnicas, que han expresado su preocupación por la discriminación racial.
Al anunciar la última cifra en la red social X, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, dijo que la Administración de Trump «ha revocado más visados a un ritmo más rápido que cualquier otra Administración de la historia».
Pigott afirmó que el Gobierno tiene «tolerancia cero con los extranjeros que se encuentran aquí con visado y que infringen la ley, cometen fraude o socavan nuestra seguridad nacional».
Además de los intentos de deportar a manifestantes extranjeros, la Administración de Trump ha endurecido el control de las redes sociales de los inmigrantes y los solicitantes de visado.
Los defensores de los derechos humanos afirman que el Gobierno ha esgrimido motivos de seguridad nacional para perseguir a los críticos y ha utilizado casos aislados de fraude para atacar de forma generalizada a comunidades de inmigrantes, como la comunidad somalí-estadounidense de Minnesota.
Aunque Trump basó su campaña electoral de 2024 en la lucha contra la inmigración irregular, su Administración también ha dificultado la inmigración regular, por ejemplo, imponiendo tasas elevadas para determinados visados de trabajo.
