Tomado de: El Universal
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo en fast track la orden de captura contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno y el exfiscal de Operaciones Estratégicas de la dependencia, Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se encuentra prófugo, por el operativo antidrogas en el que participaron agentes estadounidenses.
La institución ministerial encabezada por Ernestina Godoy Ramos, solicitó el viernes pasado, a través de su Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la captura de Jáuregui Moreno y Zuany Portillo, misma que le fue concedida ayer por la juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Mariana Vieyra Valdés, quien se ha convertido en una de las favoritas de la FGR.
Desde que fue electa como jueza federal, por voto popular, Vieyra Valdés suma fallos en casos relevantes como la liberación de Israel Vallarta Cisneros y el asunto de los marinos acusados de huachicol fiscal.
Al girar el mandamiento judicial, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, la juzgadora pidió al agente del Ministerio Público Federal del caso, Brenda Pluma Ramírez, mantener en secrecía la resolución que dictó, con la advertencia que, de surgir alguna noticia o cualquier medio o forma de difusión, dará vista a la propia FGR para que se le inicie una investigación.
Lo anterior, señaló la jueza, ante la «falta de ética en algunos otros asuntos en los que la Fiscalía General de la República ha divulgado las resoluciones emitidas por este órgano jurisdiccional, poniendo en riesgo la propia investigación».
Además de que ocultaron a la nación la presencia y participación de las cuatro agentes de la CIA.
«Se considera la existencia de un riesgo fundado para la comunidad toda vez que la conducta imputada a CESAR GUSTAVO JAUREGUI MORENO y GUILLERMO ARTURO ZUANY PORTILLO dentro del expediente FED/FEILC/FEILC-CHIH/0000051/2026 atenta de manera directa contra el correcto funcionamiento de las instituciones de seguridad, la transparencia en el ejercicio del servicio público y la paz social en el Estado de Chihuahua.
«La necesidad de cautela radica en las graves omisiones de supervisión vinculadas a una acción operativa de desmantelamiento de un narcolaboratorio, donde se encubre la presencia clandestina y posterior fallecimiento de dos ciudadanos de nacionalidad estadounidense a bordo de una unidad oficial de la Fiscalía Estatal, la cual era tripulada por agentes de la Policía Ministerial. Se configura un riesgo latente relacionado con la impunidad y la operatividad de los mercados criminales de alto impacto. El ocultamiento por parte de altos mandos de la intromisión ilegal o no autorizada de agentes extranjeros en operaciones tácticas de combate al narcotráfico presupone una transgresión institucional que favorece la desorganización de la seguridad colectiva. De permanecer en libertad, los imputados cuentan con los perfiles y conexiones necesarios para reactivar canales de comunicación o encubrimiento con redes tanto institucionales como subterráneas, permitiendo el flujo ininterrumpido de operaciones bilaterales fuera del marco legal que vulneran la soberanía local y la tranquilidad comunitaria en la entidad, por ello se considera la existencia de riesgo en caso de permanecer en libertad», determinó la jueza Mariana Vieyra Valdés.
La juzgadora ordenó a la FGR recluir a los exmandos ministeriales, ya sea en el penal de máxima seguridad del Altiplano o en el reclusorio en el que la Fiscalía cuente con autorización de la autoridad penitenciaria.
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