Tomado de: sinembargo
La defensa también consideró que la investigación debe profundizar en la cadena de mando y en el conocimiento que pudieron tener los distintos funcionarios sobre la participación de los extranjeros.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– El exfiscal César Gustavo Jáuregui Moreno fue imputado formalmente por el delito de Traición a la Patria, como coautor y por una conducta presuntamente dolosa. La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exfuncionario consintió, autorizó y permitió la presencia de dos personas extranjeras en el operativo realizado en El Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, con lo que habría puesto en riesgo la soberanía y la independencia de México al intentar someter al país a un gobierno extranjero.
Sin embargo, la defensa de Jáuregui asegura que no existe ninguna prueba sólida, videográfica o documental que acredite su participación. Además, plantea que, bajo la misma lógica con la que la Fiscalía pretende atribuirle responsabilidad al exfiscal, también debe investigarse a la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, para determinar qué sabía sobre el operativo y si tuvo alguna responsabilidad. Para la defensa, incluso es imperativo que la mandataria estatal sea llamada a declarar.
“Si vamos a entrar en ese terreno, pues habría que también investigar si la titular del Ejecutivo tenía conocimiento del operativo”, dijo el abogado Héctor Villasana en entrevista con SinEmbargo, luego de la audiencia de formulación de imputación, que se prolongó durante al menos ocho horas.
Para el abogado, quien integra la defensa del exfiscal, las declaraciones públicas de la Gobernadora, realizadas el pasado 14 de octubre en Latinus, en las que responsabilizó a Jáuregui y a otros funcionarios de la Fiscalía estatal de actuar sin su conocimiento, hacen necesario que la FGR recabe su testimonio y contraste sus versiones con los demás elementos de la investigación.
“Yo creo que lo que tendría que hacer la Fiscalía es citar a la Gobernadora, derivado de estas declaraciones que emitió, en las que cambió su versión, y hacerla comparecer a través de los mecanismos”, expresó Villasana.
El abogado señaló que, hasta donde tenía conocimiento, Campos Galván no había declarado ante la FGR en relación con la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) en el operativo de la Sierra Tarahumara. Recordó que el 27 de mayo fue citada, pero que no rindió declaración porque, según se informó entonces, cuestionó las condiciones del citatorio.
La defensa también consideró que la investigación debe profundizar en la cadena de mando y en el conocimiento que pudieron tener los distintos funcionarios sobre la participación de los extranjeros. No obstante, Villasana insistió en que la imputación contra Jáuregui no está respaldada, desde su perspectiva, por pruebas que demuestren que autorizó o consintió la presencia de los agentes.
“Lo concreto aquí es que la acusación en contra del Fiscal César Jáuregui no está sustentada en ningún dato de prueba que concluya que él participó, consintió o autorizó la presencia de estas personas”, resaltó.
La audiencia: 150 datos de prueba presentados
La imputación contra Jáuregui se sustenta, de acuerdo con lo expuesto por su abogado, en el artículo 123, fracción I, del Código Penal Federal, que contempla el delito de Traición a la Patria.
Durante la audiencia, la FGR presentó cerca de 150 datos de prueba, entre declaraciones de testigos, dictámenes periciales y análisis. La Fiscalía dice que el entonces titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua permitió la presencia de dos personas extranjeras en el operativo contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal.
La acusación plantea que, con esa conducta, Jáuregui puso en riesgo la soberanía y la independencia de la República al intentar someterla a un gobierno extranjero.
Villasana explicó que la Fiscalía atribuye a su representado una participación dolosa y en calidad de coautor, no una responsabilidad derivada únicamente de una omisión.
“No, no, no. La acusación está como doloso y como coautor. Él se puso de acuerdo. O sea, la coautoría implica que hay un concierto y acuerdo previo entre las partes para cometer un delito. Entonces, así está la acusación”, precisó.
Apuntan al fallecido director de la AEI
La estrategia de la defensa, de acuerdo con lo planteado por el abogado, se centrará en sostener que, hasta el momento, todas las pruebas presentadas por la FGR apuntan a que la relación directa con los agentes estadounidenses correspondía únicamente a Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Oseguera Cervantes fue una de las cuatro personas que murieron en la volcadura ocurrida en Polanco, después del despliegue relacionado con el operativo.
Cabe señalar que entre los elementos expuestos por el Ministerio Público de la FGR, se encontraban algunos de los informes presentados por Wendy Chávez, titular de la Unidad Especializada que Maru Campos creó para investigar el caso.
Al respecto, es importante recordar que el 12 de mayo, en un segundo informe de la investigación estatal, se señaló que agentes de la CIA habían visitado al menos dos veces las instalaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, incluso horas antes del operativo, y que uno de ellos portaba un arma de fuego.
Villasana afirmó que los registros gráficos y las declaraciones de los testigos ubican a los extranjeros en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación y no en las oficinas centrales de la Fiscalía, donde despachaba Jáuregui.
“Toda la investigación concluye que las reuniones y las visitas y la presencia de estas personas se daban en las oficinas de la Dirección General de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigaciones. La Agencia Estatal de Investigaciones se encuentra como a 10 kilómetros, está a la salida de la ciudad de Chihuahua (salida a ciudad Aldama) y las oficinas centrales de la Fiscalía donde despacha el fiscal general están en el centro enseguida de Palacio de Gobierno”, dijo.
A partir de estos elementos, la defensa sostiene que debe esclarecerse quién coordinó la presencia de los agentes, qué funcionarios mantenían comunicación con ellos y quiénes tenían conocimiento de su participación en el operativo.
“Entonces, nunca, no hay un dato, no hay un video, no hay una bitácora, no hay absolutamente nada que acredite que hay una reunión entre el licenciado Jáuregui con estas personas”, afirmó.
El abogado insistió en que la investigación debe profundizar en la actuación de quienes, de acuerdo con las pruebas presentadas, tuvieron contacto con los agentes extranjeros.
“Le corresponderá a la Fiscalía investigar si, bajo este mismo esquema por omisión, la Gobernadora pudiera tener una grave responsabilidad”, dijo.
En cuanto al exfiscal Guillermo Zuany, Villasana explicó que también se le atribuye participación por haber sido director de Operaciones de la Unidad de Operaciones Estratégicas.
El abogado indicó que Zuany mantenía comunicación con Oseguera Cervantes, pues recientemente había dejado la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación, después de que la Gobernadora lo nombrara jefe de la Unidad de Operaciones Estratégicas y designara a Oseguera como director de la Agencia.
“Las reuniones entre ellos, de alguna manera, son lógicas y entendibles para el seguimiento de los asuntos pendientes en esta transición”, señaló.
Después de una audiencia que se prolongó durante al menos ocho horas, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar sus argumentos antes de que se determine si Jáuregui será vinculado a proceso.
El juez fijó la continuación de la audiencia para el sábado a las 15:00 horas. Debido a que el delito imputado contempla prisión preventiva oficiosa, el exfiscal deberá permanecer en prisión mientras se resuelve su situación jurídica, de acuerdo con lo expuesto por su abogado.
Jueza presentó su renuncia
Villasana también confirmó que la orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue librada por la jueza federal Mariana Vieyra Valdez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, quien, según se informó durante la audiencia, había presentado su renuncia.
