Tomado de: Debate
Petróleos Mexicanos (Pemex) implementó desde octubre de 2026 un plan de austeridad que contempla el despido de personal de confianza y la reducción de niveles salariales, conocidos internamente como «desnivelaciones». Esta estrategia fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa y busca generar un ahorro de 9,960 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2026. El recorte incluye la cancelación de 3,051 plazas de confianza, lo que representa el 14% del total de estos puestos en la paraestatal.
La decisión responde a la necesidad de reducir gastos operativos y atender la presión financiera que enfrenta la petrolera, que en los últimos años ha buscado disminuir su deuda y mejorar su rentabilidad. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, las medidas buscan «eliminar gastos excesivos y combatir la corrupción» dentro de la empresa productiva del Estado.
¿A quiénes afecta el recorte y cómo se aplican las reducciones salariales?
El recorte de personal y las reducciones de nivel afectan principalmente a trabajadores de confianza, tanto en oficinas corporativas de la Ciudad de México como en instalaciones operativas en estados como Tamaulipas. Se han documentado casos de empleados con hasta 35 años de antigüedad que han sido despedidos o notificados de una reducción en su nivel salarial.
Las «desnivelaciones» implican que un trabajador puede ser bajado varios niveles en el tabulador interno, lo que se traduce en una disminución significativa de su salario mensual. Por ejemplo, un caso reportado indica que un empleado fue degradado del nivel 39 al 30, lo que representa una reducción de más del 50% en su ingreso. En el caso de directores generales, el salario bruto podría pasar de 238,295 pesos a 108,000 pesos, una caída del 54.7%.
¿Qué dicen los trabajadores y sindicatos sobre los despidos y recortes?
La reacción entre el personal afectado ha sido de inconformidad y protesta. El 21 de octubre de 2026, jubilados y trabajadores de confianza activos realizaron manifestaciones en puntos clave de la Ciudad de México, como Paseo de la Reforma, el Zócalo y la Secretaría de Energía, para exigir la revisión de los despidos, la falta de incrementos salariales y los recortes a pensiones.
José Luis Noriega Medina, secretario general de la Sección 11 de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), advirtió: «El nivel va directamente ligado a nuestro salario, es decir, al autorizar que se nos disminuyan niveles significa que nos van a disminuir el salario». Por su parte, Silvia Ramos, integrante de la Comisión Nacional de Vigilancia y Fiscalización de la UNTyPP, relató: «A un compañero de nosotros le informaron que lo bajaban de nivel 39 a nivel 30, eso implica ganar menos de la mitad, entonces todos los compañeros andan muy desesperados».
Los trabajadores denuncian que las medidas se aplican bajo presión, en ocasiones con la advertencia de «copelan o cuello», es decir, aceptar la reducción o enfrentar el despido. Además, advierten que la salida de personal especializado podría afectar la operatividad y seguridad de la empresa.
¿Cuál es la postura oficial del gobierno y la dirección de Pemex?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respaldado públicamente la estrategia de austeridad impulsada por la directora corporativa de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva. Sheinbaum declaró que el objetivo es «hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y combatir la corrupción». Invitó a quienes tengan quejas particulares a presentarlas ante la Unidad de Anticorrupción y Buen Gobierno o el Órgano Interno de Control de Pemex.
Por su parte, Pemex informó que, gracias a las medidas de disciplina financiera, ha logrado reducir su deuda en 20,000 millones de dólares en menos de dos años, situándola actualmente en 77,500 millones de dólares. La empresa sostiene que la reestructura es necesaria para garantizar su viabilidad y cumplir con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035.
¿Qué consecuencias puede tener la reestructura para Pemex y sus trabajadores?
El impacto inmediato es la pérdida de empleo para miles de trabajadores de confianza y una reducción drástica en los ingresos de quienes permanecen en la empresa. Para muchos, esto representa un golpe a su estabilidad económica y a sus expectativas de retiro, especialmente para quienes estaban próximos a la jubilación.
En el mediano plazo, la salida de personal con experiencia y la reducción de incentivos salariales podrían afectar la moral laboral y la capacidad operativa de Pemex, en un contexto donde la empresa enfrenta retos técnicos y financieros relevantes. Los sindicatos han advertido sobre el riesgo de perder talento especializado y de generar un ambiente de incertidumbre entre el resto de la plantilla.
Desde la perspectiva del gobierno, el ahorro proyectado de casi 10 mil millones de pesos es clave para sanear las finanzas de la petrolera y cumplir con los compromisos de austeridad. Sin embargo, el costo social y laboral de la medida sigue siendo motivo de debate y protesta.
¿Qué sigue para los trabajadores afectados y para Pemex?
Los trabajadores despedidos o «desnivelados» pueden presentar sus inconformidades ante las instancias internas de Pemex o buscar asesoría legal para defender sus derechos laborales. Los sindicatos han anunciado que continuarán con las movilizaciones y la defensa de sus agremiados.
Para Pemex, el reto será mantener la operación eficiente con una plantilla más reducida y menos costosa, sin comprometer la seguridad ni la productividad. El seguimiento a la implementación del plan de austeridad y sus efectos en la empresa será clave en los próximos meses.
¿Por qué importa este recorte en Pemex?
La reestructura de Pemex no solo afecta a miles de familias, sino que también es un termómetro de la política de austeridad del gobierno federal y de la situación financiera de una de las empresas más importantes del país. El desenlace de este proceso tendrá repercusiones en el sector energético, en el empleo y en la economía nacional. Para los trabajadores, representa un llamado de alerta sobre la estabilidad laboral en el sector público y la necesidad de estar informados sobre sus derechos y opciones ante cambios de esta magnitud.
