Tomado de: La Silla Rota
Jueces internacionales acusan a asociación mexicana de violar la independencia al apoyar elección judicial.
La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (Conatrib) por considerar que su respaldo a la reforma judicial mexicana fue incompatible con los principios de independencia y apoliticidad que exige a sus integrantes.
La decisión se tomó este sábado 17 de octubre, durante la 68 reunión anual del Consejo Central de la organización, con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. La exclusión obtuvo 80.3% de los 66 votos emitidos, por encima de la mayoría de dos tercios requerida.
La controversia se remonta a junio de 2024, cuando la Conatrib respaldó la reforma impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que estableció la elección de personas juzgadoras mediante voto popular. Para la organización internacional, la asociación mexicana dejó de cumplir su obligación de defender la independencia judicial al apoyar un mecanismo que, a su juicio, pone en riesgo ese principio.
El caso coloca nuevamente bajo escrutinio internacional los efectos de la reforma mexicana y abre una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede una asociación de jueces adaptarse a una decisión constitucional sin comprometer su obligación de defender la independencia de la judicatura?
El respaldo que abrió el conflicto
El 28 de junio de 2024, el presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez, manifestó su apoyo a la transformación del Poder Judicial durante los diálogos nacionales organizados en la Cámara de Diputados.
Guerra sostuvo que la justicia debía responder a las aspiraciones de la sociedad y respaldó la elección directa de ministros, así como el voto popular para jueces y magistrados bajo un esquema gradual. Propuso que, en estos últimos casos, el mecanismo comenzara con las personas juzgadoras de nuevo ingreso para preservar la carrera judicial y facilitar la transición.
La postura de la Conatrib no consistió en rechazar la reforma, pero tampoco planteó una aplicación sin condiciones. La asociación propuso ajustes para reducir el impacto sobre las estructuras judiciales existentes y preservar la experiencia de quienes ya ejercían esos cargos.
Sin embargo, para la UIM, el problema central no fue la gradualidad de la implementación, sino el respaldo a la elección popular como mecanismo de designación judicial. En agosto de 2024, el comité de presidencia de la organización advirtió que ese modelo contradecía el principio de nombrar a jueces con base en el mérito y criterios objetivos. También expresó preocupación por la estabilidad de quienes ejercen la función judicial.
La independencia judicial, en el centro del debate
La UIM se fundó en 1953 y agrupa asociaciones nacionales de jueces. Su objetivo es proteger la independencia judicial como condición para impartir justicia y garantizar los derechos humanos.
Sus estatutos exigen que las asociaciones miembro sean independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, además de apolíticas y comprometidas con la promoción de la independencia judicial. Cuando una organización deja de cumplir esas condiciones, el Consejo Central puede retirar su membresía.
Después de la aprobación de la reforma mexicana, la UIM abrió un procedimiento de revisión y solicitó explicaciones a la Conatrib. La asociación entregó su informe el 30 de junio de 2025.
En su respuesta, la Conatrib argumentó que la reforma derivó del ejercicio de la soberanía popular y que, una vez aprobada constitucionalmente, debía cumplirse. También defendió su carácter apolítico y sostuvo que el diálogo con los poderes públicos permitió negociar una aplicación gradual de los cambios.
Los relatores designados por la UIM, procedentes de Argentina y España, consideraron que esos argumentos no resolvían la preocupación principal. A su juicio, respaldar la elección popular de jueces resultaba incompatible con la defensa de la independencia judicial que la Conatrib debía promover como integrante de la organización.
El desacuerdo revela dos concepciones distintas de la responsabilidad de una asociación judicial: adaptarse a una reforma aprobada por las instituciones nacionales o cuestionar un mecanismo que considera contrario a las garantías de independencia de quienes imparten justicia.
¿Quiénes integran la Unión Internacional de Magistrados?
Fundada en 1953 en Salzburgo, Austria, la Unión Internacional de Magistrados (UIM) reúne a 93 asociaciones nacionales o grupos representativos de jueces de los cinco continentes, según la información publicada por la propia organización. No admite jueces a título individual: sus integrantes son asociaciones que deben obtener la aprobación del Consejo Central.
La UIM tiene como objetivo principal proteger la independencia judicial, que considera una condición esencial para impartir justicia y garantizar los derechos humanos. Para organizar su trabajo, agrupa a sus miembros en cuatro regiones: la Asociación Europea de Magistrados, el Grupo Iberoamericano, el Grupo Africano y el Grupo Asiático, Norteamericano y Oceánico.
¿Cómo toma sus decisiones?
El Consejo Central es el órgano ejecutivo de la organización. Cada asociación miembro cuenta con dos representantes y participa en las decisiones institucionales, entre ellas la admisión y exclusión de integrantes.
La UIM también tiene un Comité de Presidencia, encabezado desde octubre de 2025 por el juez brasileño Walter Barone, y cuatro comisiones de estudio que abordan temas como la organización judicial, los procedimientos civiles y penales, y el derecho público y social.
La pertenencia a la UIM implica compromisos institucionales: sus estatutos establecen condiciones de independencia frente a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la defensa de la independencia judicial. Esos principios fueron centrales en el procedimiento que concluyó con la expulsión de la Conatrib.
La organización cuenta, además, con estatus consultivo ante organismos de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.
La discusión sobre los jueces removidos
Durante el debate previo a la votación, representantes de distintas asociaciones judiciales cuestionaron las acciones de la Conatrib durante la aprobación de la reforma.
El magistrado argentino Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, sostuvo que la defensa de la independencia judicial no admitía posiciones intermedias. A su juicio, la Conatrib debió oponerse de manera más firme a la sustitución de los juzgadores y no presentar su respaldo como parte de una negociación.
Guerra Álvarez defendió la actuación de la organización mexicana. Argumentó que la reforma no surgió de un conflicto entre el Ejecutivo y los jueces locales, sino de una disputa presupuestaria relacionada con el Poder Judicial federal. También sostuvo que el impacto sobre la judicatura de los estados había sido limitado.
Durante la discusión, la jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta del Grupo Iberoamericano de la UIM, citó cifras que atribuyó al Instituto Nacional Electoral de México: 386 jueces federales, 464 magistrados de circuito, 31 personas en otros cargos judiciales y mil 800 jueces, magistrados y titulares de cargos judiciales locales en 19 estados.
De acuerdo con esas cifras, el total ascendía a 2 mil 681 personas juzgadoras. La referencia cuestionó el argumento de que los efectos de la reforma sobre los poderes judiciales estatales habían sido menores.
Una expulsión con implicaciones para México
La exclusión de la Conatrib representa un revés para la asociación que agrupa a las personas titulares de los 32 poderes judiciales estatales. También constituye un cuestionamiento internacional a la postura que asumió frente a una de las transformaciones institucionales más relevantes de México en los últimos años.
La decisión no anula la reforma constitucional ni modifica por sí misma su aplicación en el país. Su alcance es distinto: la UIM determinó que la asociación mexicana ya no cumplía las condiciones para pertenecer a una organización cuyo propósito central es defender la independencia judicial.
El debate, sin embargo, va más allá de la membresía. La elección popular de jueces fue presentada por sus promotores como una vía para acercar la justicia a la ciudadanía y modificar un sistema cuestionado por sus resultados y funcionamiento. Sus críticos han advertido que someter los cargos judiciales al voto puede debilitar la carrera judicial y aumentar la exposición de quienes imparten justicia a presiones políticas.
La postura de la Conatrib intentó conciliar esos cambios con una transición gradual y la continuidad de la experiencia judicial. Para la UIM, esa estrategia no bastó: consideró que el respaldo al nuevo modelo entraba en conflicto con los principios que justifican la pertenencia de una asociación a la organización internacional.
La votación del 17 de octubre cierra el procedimiento de membresía, pero deja abierta la discusión sobre el papel de las asociaciones judiciales ante reformas que modifican la forma de seleccionar y mantener a quienes imparten justicia.
En el fondo, la controversia enfrenta una pregunta que rebasa las fronteras mexicanas: si la independencia judicial es una condición para garantizar derechos frente al poder, ¿qué debe hacer una organización de jueces cuando una reforma aprobada constitucionalmente transforma las reglas de acceso a los tribunales?
JUFED respalda expulsión de la CONATRIB de la Unión Internacional de Magistrados
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) respaldó la decisión de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) de expulsar a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México (CONATRIB), al considerar que su postura frente a la reforma judicial vulneró los principios de independencia y apoliticidad judicial.
En un pronunciamiento, la JUFED afirmó que la resolución confirma sus advertencias sobre los riesgos de la elección popular de jueces y magistrados, y sostuvo que la independencia judicial es una garantía para que la ciudadanía acceda a tribunales imparciales y libres de presiones políticas.
